En la búsqueda de una buena gobernanza, pocos pueden dudar que la religión desempeña un papel importante. La honestidad, la integridad y el desinterés, valores que defienden los grupos religiosos en todo el mundo, son, después de todo, principios esenciales de una política sensata.

Integradas en el tejido de las tradiciones religiosas del mundo, hay lecciones en la lucha contra la corrupción y la necesidad de transparencia, en el valor de la igualdad y la importancia del estado de derecho. Con el COVID-19 tensando las costuras de la cohesión social y amenazando la confianza pública en las instituciones políticas, comprometer a los legisladores con estos ideales es más importante que nunca.

Eso, según los miembros de las consultas regionales europeas -uno de los distintos grupos de trabajo de expertos que se reunieron antes del Foro Interreligioso del G20 de este año para formular recomendaciones específicas sobre la buena gobernanza- es la razón por la que las comunidades y los dirigentes religiosos deben "negarse a cooperar, incluso indirectamente, con regímenes o prácticas corruptas en el sector público o privado" y, en cambio, trabajar para fomentar el avance de políticas justas e inclusivas.

Cuando se trata de la distribución equitativa de bienes y recursos, esto resulta especialmente cierto, según los expertos. "Las donaciones caritativas siempre han sido una preocupación clave en muchas enseñanzas religiosas, tratando de asegurar que 'los que tienen' no dejen a 'los que no tienen' sin comida, refugio o ropa", explicó Paul Hedges, profesor de estudios interreligiosos de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, NTU, Singapur, y participante en las consultas regionales de Asia del G20.

La ampliación de esta noción de atención comunitaria y responsabilidad social se ha hecho cada vez más apremiante en los últimos meses, ya que la pandemia y las privaciones que esta conlleva han afectado a los más vulnerables de la sociedad. Con el cierre de empresas, escuelas, lugares de culto y, en algunos lugares, la suspensión total de la vida pública, los derechos fundamentales de algunos de los ciudadanos más pobres o marginados del mundo se han visto amenazados por las medidas de contención del virus. En este sentido, los grupos religiosos tienen la oportunidad de hacerse oír.

"Si bien los derechos humanos son una nueva preocupación, por lo que no son abordados directamente por la mayoría de las religiones, lo que sí ha sido tratado por muchas tradiciones históricamente ha sido la dignidad humana. Mirar las enseñanzas tradicionales sobre el respeto de la dignidad de todas las personas, incluidos los pobres y los desposeídos, puede ser una forma en que los líderes religiosos pueden alentar el pensamiento sobre los derechos humanos", dijo Hedges.

Esto es especialmente cierto en América Latina, una zona acosada por "diversos grados de inestabilidad política y violencia, que es sintomática de una crisis constante de representación y de nuestros sistemas democráticos", según los participantes en las consultas regionales del G20.

Aunque profundamente arraigados en la historia colonial de la región, estos temas se han visto agravados en los últimos tiempos por el auge de los movimientos populistas, informó el panel de expertos el mes pasado.

"Esos movimientos pueden tratar de imponer un gobierno unilateral sobre las legislaturas, los poderes judiciales y la libertad de expresión, con escasa consideración de las minorías y de los controles y equilibrios independientes, tergiversando la noción misma de democracia", concluyeron los miembros de las consultas regionales europeas.

Para hacer frente a esta situación, las comunidades religiosas han de resistir ante los esfuerzos de los regímenes autoritarios por utilizar el discurso religioso para legitimar sus posiciones y, al hacerlo, luchar por preservar el estado de derecho y los derechos humanos.

Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo. En muchas partes de la Región Árabe -una zona plagada de inestabilidad y conflictos- las instituciones religiosas se han visto marginadas por las autoridades estatales, lo que ha debilitado su capacidad para fomentar el buen gobierno. De hecho, las organizaciones religiosas se ven con demasiada frecuencia restringidas únicamente a su función tradicional de impartir educación religiosa, según informaron los expertos en las consultas del G20 en la región árabe.

Para corregir esto es necesario replantearse la forma en que los grupos religiosos se comunican con los agentes estatales. "[Los dirigentes religiosos deben] simplificar su lenguaje de discurso y apartarse de conceptos complejos y enfoques teóricos para garantizar que su mensaje llegue a todos los grupos y segmentos de la sociedad", concluyó el grupo de expertos de la Región Árabe.

Con optimismo, en el sur, en el África subsahariana, las instituciones religiosas están dando un ejemplo a los legisladores. Las naciones occidentales del continente se encuentran en plena crisis alimentaria, con decenas de millones de personas que se enfrentan a la inanición. Ante el espectro de que el COVID-19 amenace con inflamar una situación ya de por sí desesperada, la Conferencia Episcopal del Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau decidió este año crear su propio fondo de emergencia -financiado mediante contribuciones voluntarias- con el fin de llevar el socorro alimentario a los más necesitados.

Esta iniciativa, y otras similares, ofrecen esperanza a aquellos que se enfrentan a dificultades insondables. Pero, para lograr un cambio estructural duradero, muchos piensan que la comunidad internacional debe abordar la causa subyacente a este sufrimiento endémico del mundo en desarrollo: la fragilidad económica.

Para el Dr. Martin Pascal Tine, Embajador del Senegal ante la Santa Sede, esto debería comenzar con la cancelación de la deuda, algo que él cree que los líderes religiosos pueden ayudar a respaldar con su promoción de la "justicia y la equidad".

"Para ello, sería necesario promover una lectura ecuménica de los textos sagrados desprovista de todo fundamentalismo y hacer más hincapié en esta idea de la fraternidad humana en un mundo interdependiente", dijo Tine.

El inicio del COVID-19 ha dado una nueva urgencia a los llamamientos para el alivio de la deuda, con el Papa Francisco el mes pasado insistiendo en que "la política, la legislación y la inversión deben centrarse en el bien común y garantizar que se cumplan los objetivos sociales y ambientales mundiales".

 Sobre este último punto, la política ambiental, Tine concluye que los grupos religiosos pueden ser una fuerza impulsora del buen gobierno. De ello, el plan de la "Gran Muralla Verde" de África, que cuenta con apoyo interreligioso, es un ejemplo destacado.

Lanzada por la Unión Africana, la iniciativa tiene por objeto "restaurar 100 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas; evitar la emisión de 250 millones de toneladas de dióxido de carbono y crear 10 millones de empleos verdes" en una de las regiones más pobres de África, según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Tine cree que éste es un ejemplo excelente de cómo los dirigentes e instituciones religiosas regionales pueden apoyar políticas gubernamentales muy necesarias que se centran en problemas estructurales fundamentales como el hambre y el desempleo.

"La Gran Muralla Verde contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria, el empleo y un entorno hospitalario para la población desde el Senegal hasta Djibouti".