El primer plan de acción diseñado específicamente para dotar a los líderes religiosos de herramientas que sirvan para prevenir y contrarrestar la incitación a la violencia, el Plan de Acción para que Líderes y Actores Religiosos Prevengan y Contrarresten la Incitación a la Violencia que Podría Conducir a Crímenes Atroces, fue presentado en julio de 2017 por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, durante una reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El Plan de Acción fue elaborado a lo largo de dos años de consultas intensivas a niveles mundial y regional, organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, con el apoyo del Centro Internacional de Diálogo (KAICIID), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Red de Pacificadores Religiosos y Tradicionales.

En estas consultas tomaron parte un total de 232 líderes y actores religiosos de 77 países. Entre los participantes hubo budistas, cristianos, hindúes, judíos, musulmanes y sijs de diferentes grupos y denominaciones, así como representantes de diversas minorías religiosas, incluyendo las confesiones bahaí, candomblé, kakai y yazidí, así como humanistas. Al menos el 30% de los participantes de todas las reuniones fueron mujeres.

El Plan de Acción fue elaborado como respuesta a un alarmante repunte, observado en los últimos años, del discurso del odio y de la incitación a la violencia contra personas o comunidades, tomando como base su identidad. La incitación a la violencia, en el discurso público y los medios de comunicación, es un signo de advertencia habitual y un precursor de crímenes atroces. Este Plan de Acción es el primer documento que se centra en el papel de los líderes y actores religiosos en la prevención de la incitación a la violencia que podría desembocar en crímenes atroces, y el primero en diseñar estrategias regionales específicas al contexto con este objetivo.

La implementación del Plan de Acción contribuirá a la prevención de crímenes atroces –especialmente en zonas afectadas por violencia y tensiones religiosas y sectarias– y mejorará el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, entre ellos, los derechos a la libertad de opinión y expresión, a la libertad religiosa o de credo y al derecho a reunirse pacíficamente.