"El día del ataque fue un caos", comenta John Dada. "Los atacantes empezaron a disparar al entrar en la comunidad, haciendo que los que se quedaron atrás corrieran a toda prisa para ponerse a salvo".
Dada es un enfermero jubilado y beneficiario de una beca del KAICIID que estaba cuidando a los ancianos como parte de su proyecto en Kafanchan, al sur del estado de Kaduna, cuando su comunidad fue atacada por una banda de bandidos y cuatreros el pasado 12 de agosto de 2020.
"Opté por quedarme y cuidar a mis pacientes, no podía abandonarlos", dijo. "La decisión no fue fruto de la valentía. Fue más bien una obligación profesional".
Según Dada, su comunidad, que antaño vivía en paz, está ahora aquejada de conflictos. Las disputas territoriales se han visto exacerbadas por las luchas económicas, la manipulación política, la delincuencia y el desempleo juvenil, lo que ha provocado divisiones étnicas y religiosas. El bandolerismo, el robo de propiedades y de ganado, y los secuestros también se han convertido en una práctica generalizada.
La comunidad de Dada se encuentra en el centro de Nigeria, entre el norte predominantemente musulmán y el sur predominantemente cristiano. La región se ha convertido en un lugar de conflicto entre los pastores nómadas fulani musulmanes y los agricultores cristianos, y las tensiones han aumentado a medida que las tierras de pastoreo que antes estaban abiertas se ven cada vez más ocupadas por infraestructuras como ferrocarriles, carreteras y por la expansión urbana que conlleva el rápido crecimiento de Nigeria.
El proyecto de Dada, una de las cuatro iniciativas en 2020 en el sur de Kaduna apoyadas por el KAICIID, surgió de las consultas con respetados líderes comunitarios, tanto cristianos como musulmanes, con el fin de encontrar una solución interreligiosa al ciclo de violencia en su comunidad.
"Hemos convivido con los fulani durante generaciones, desde hace más de 100 años, pero las comunidades han abandonado sus antiguas formas de resolver los conflictos", afirma Dada. "Todo lo que podemos hacer es intentar ver qué medidas a corto plazo podemos tomar, porque las soluciones definitivas son algo que tiene que resolver el gobierno. Pero a nuestro nivel, podemos pacificar y pedir a la gente que tenga paciencia".
A instancias de la comunidad al comienzo de la pandemia del COVID-19, Dada trató de involucrar a los jóvenes, asociándose con el Jema’a Community Development Charter, un grupo juvenil interreligioso, para ayudar a vigilar la salud de los ancianos y las personas vulnerables y proporcionarles atención, así como para promover la seguridad y la concienciación sobre el COVID-19 y la detección de contactos.
Este grupo de jóvenes también desempeñó un papel fundamental en la protección del pueblo y en la limitación de nuevos actos de violencia durante el ataque de agosto. Al enterarse del inminente ataque, los miembros evacuaron a todas las personas que pudieron y se apresuraron a proteger a los ancianos y vulnerables, construyendo corredores de protección con sacos de arena, intentando disuadir a los atacantes y advirtiendo a los viajeros desprevenidos que llegaban.
A lo largo de 2020, los atentados y secuestros aumentaron considerablemente. Según datos de la ONU, en 2020 hubo 7.800 víctimas mortales relacionadas con el conflicto, frente a las 5.400 del año anterior. Una importante mayoría de estas muertes se produjo en Borno, Zamafra y Kaduna.
Según el experto del KAICIID en el país, Joseph Atang, los atentados y los secuestros han surgido de la desesperación económica y del deseo de las redes criminales organizadas de obtener beneficios económicos. Son llevados a cabo por jóvenes que, privados de los medios para su autosuperación económica, son manipulados y tienen acceso a armas de contrabando.
"Los bandidos no hacen más que matar gente y asaltar pueblos e incendiar asentamientos. Y están secuestrando a la gente y obteniendo cientos de millones por el rescate", afirma. "La gente está hambrienta, así que necesita sobrevivir porque no hay trabajo".
El conflicto también ha provocado un aumento de los desplazados internos, en su inmensa mayoría mujeres y jóvenes.
En Nigeria hay más de 2,5 millones de desplazados internos, predominantemente mujeres y jóvenes, que son vulnerables a la violencia de género, el abuso de drogas, el hambre y la delincuencia. Hay una gran falta de alojamiento para los desplazados, que no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y que, por tanto, corren más riesgo de transmisión del COVID-19 y de enfermedades transmitidas por el agua.
Seis meses después, no ha habido más ataques en Kafanchan.
"No porque no haya habido intentos", dice Dada. "En realidad, porque las comunidades se están concienciando y están rechazando estos diversos ataques. La comunidad está proporcionando su propio aparato de seguridad haciendo que los jóvenes estén más atentos, denunciando movimientos extraños, etc.".
Al involucrar a los jóvenes como parte de los sistemas de alerta temprana, no sólo pueden proteger a la comunidad, sino que también se benefician de un sentido de pertenencia, complementado por un incentivo económico en un mercado de trabajo que, de otro modo, les daría pocas oportunidades.
"Intentamos ver cómo podemos mejorar las oportunidades de empleo local para los jóvenes", señala Dada. "Es fundamental proporcionar un entorno propicio para que los jóvenes puedan obtener algunos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas".
La siguiente misión de Dada es crear oportunidades para las mujeres, a menudo marginadas en su comunidad, mediante subvenciones para la creación de empresas y haciéndolas participar en el proceso de pacificación.
"Cuando los hombres planifican, no se invita a las mujeres, pero las consecuencias (de la violencia) las sufren directamente las mujeres. Así que estamos intentando que las mujeres empiecen a formar parte de cualquier proceso de pacificación en sus comunidades para que sus voces sean escuchadas desde el principio".